El proceso de cambio que hubo en
el Derecho Civil a partir del proceso de constitucionalización fue el tema
abordado por Gustavo Caramelo -Juez del Juzgado
Nacional Civil nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y profecor de la UBA-
en el Coloquio abierto sobre Derecho y Proceso Civil, realizado en la Sala
de audiencias 8 del Centro Judicial de Santa Rosa la semana pasada.
Esta actividad, organizada con el apoyo de la Cátedra de Adaptación Profesional en Procedimientos Civiles de la UNLPam, también contó con la disertación del Dr. Alejandro Verdaguer, (también juez nacional y docente UBA). Los certificados para asistentes al Coloquio estarán disponibles para su distribución a partir de este viernes.
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Esta actividad, organizada con el apoyo de la Cátedra de Adaptación Profesional en Procedimientos Civiles de la UNLPam, también contó con la disertación del Dr. Alejandro Verdaguer, (también juez nacional y docente UBA). Los certificados para asistentes al Coloquio estarán disponibles para su distribución a partir de este viernes.
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“La constitucionalización hace que el Derecho Civil esté hoy
día sujeto a los derechos humanos de rango constitucional,y en el nuevo código
aún no constitucional, porque en el artículo 1º menciona todos los Tratados
de Derechos Humanos como elementos de interpretación, de estructuración, de
orientación del derecho civil”, explicó Caramelo, a la vez que planteó “¿qué
impacto tiene esto? ¿qué impacto tiene el cambio en la concepción de la
autonomía de las personas, especialmente de los adolescentes?”.
El juez también analizó los cambios en los conceptos de esfera privada de las personas, cómo determinados cambios del mercado impactan en la sociedad y en las relaciones de consumo y cómo esos derechos del consumidor impactan en el proceso. Con su análisis, el juez presentó la complejidad del tema y cuáles debieran ser los puntos con vista al futuro para eventuales reformas procesales que atiendan a una mejor satisfacción de este tipo de derechos.
“Requieren que nosotros modifiquemos las normas de procedimiento, requiere que pasemos a procedimientos orales, requiere que trabajemos asegurando la participación de los adolescentes en los procesos donde se discuten sus cuestiones; algo que venimos haciendo pero que tiene que ser comprendido y usado masivamente por el sistema de justicia para que se respeten estos derechos y esa autonomía”, destacó.
A modo de síntesis, Caramelo planteó que “habría que flexibilizar la posibilidad de estructuración de los procesos, para no tener esquemas procesales tan rígidos como los que tenemos, pero también ir hacia un predominio total de la oralidad. Esto permite otra participación de las personas involucradas cuyos conflictos se encuentran en discusión y, por otro lado, da mayor transparencia”.
“La oralidad asegura una mayor transparencia al sistema de justicia;
el juez no es un sello de goma, el juez es alguien a quien se ve en acción,
cuyos criterios pueden ser expuestos. Sirve especialmente cuando tenemos un
sistema en el que permanecemos en los cargos por el tiempo que dure nuestra
buena conducta; de esta manera se puede ver si permanece actualizado, con
conocimientos y eso es importante”, concluyó.